Libertad de expresión y prestigio internacional

La "prensa corrupta" -la de oposición- fue la primera víctima del Presidente ecuatoriano. Rafael Correa estranguló a El Universo con una astronómica multa impuesta por "su" Poder Judicial. Desató una cruzada para convencer al pueblo que la corrupción es un derivado inevitable de la propiedad empresarial de los medios de comunicación, y que los periodistas son títeres de sus intereses privados. Introduzca "Rafael Correa" en youtube.com y lo verá, siempre exaltado, rasgando periódicos entre improperios furibundos -como hizo con un ejemplar de Correo en Lima (2011), marketeando la receta de Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI en los albores del gobierno humalista. Posteriormente, "el Congreso de Correa" aprobó masivamente la Ley Orgánica de Comunicación: un Superintendente (de la terna que él propone) y un Consejo (con mayoría asegurada) regulan la libertad de prensa en Ecuador.

Estos antecedentes, y el entusiasmo de fieles aliados del Nacionalismo -como el general Mora-, prestos a servirlo con proyectos (de PP) para legislar sobre la "concentración de medios", deben haber preocupado a los demandantes de la acción de amparo para deshacer la contratación entre los grupos empresariales de El Comercio y Epensa, provocada por el intento de compra hostil de este último por el Grupo La República. Una contratación que, según Humala, "ahorita es legal" -pero que podría dejar de serlo si nuestro prestigioso Parlamento remediara ese "vacío legal" con superintendencias similares a las que Mora ha promovido para regular la educación universitaria en el Perú.

Anticipando visibles peligros, M. Lauer dice en su columna de ayer en La República ("Concentración: la cosa es entre medios") que el propósito de quienes firmaron la acción de amparo (noviembre del 2013) no era "poner un arma más en manos de un bando de la disputa política nacional", y recuerda que el IPYS pidió a Humala mantenerse alejado del debate, en vez de "pisar el acelerador político". Ante la situación generada, sugiere a los medios "ponerse de acuerdo sobre algunas reglas que eviten que todo el asunto sea secuestrado por la política menuda". La opinión del columnista (que preside el IPYS-Perú) coincide con el Comunicado emitido por la SIP considerando "... un error las apreciaciones del presidente Humala"; y recordando que "las partes acordaron (Asamblea SIP en Denver) que cualquier camino de salida para el diferendo siempre (será) al margen de la intervención gubernamental".

El amparo caminará al ritmo -y defectos- de la judicatura nacional, con una previsible prolongación internacional en la CIDH. Irregularidades como las cometidas en la admisión de la causa por una jueza suplente y su fantasmagórico "especialista legal" son un primer atasco, por actos que no favorecen la demanda.

Independientemente de sus líneas políticas divergentes, el nivel de los medios involucrados reclama un acuerdo digno de la libertad de expresión y respetuoso del Estado de Derecho que son pilares de la democracia y el prestigio internacional del Perú.