Las bases institucionales de una democracia se sustentan en un conjunto de principios, pilares que garantizan su continuidad en el tiempo. Destaco tres de ellos: el deber de gobernar respetando las libertades ciudadanas, una leal oposición desde el Congreso y la alternancia política en el marco de un proceso electoral transparente.

En primer lugar, la Presidencia de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución (inciso 1, artículo 118 CP). Sus disposiciones son un mandato que recibe para optimizarlos en una comunidad política; por ejemplo, no solamente se trata de reconocer el derecho a la salud (artículo 7 CP), pues, a partir de esa norma el Ejecutivo debe implementar los servicios sanitarios que sean necesarios (mejores médicos, enfermeras, hospitales y equipamiento); tampoco declarar el derecho a la educación gratuita (artículo 17 CP), sin el deber para construir colegios, mejorar su profesorado y calidad de enseñanza.

La democracia se evidencia cuando existe oposición parlamentaria, la natural relación que existe entre los que ganaron una elección y nos gobiernan (Ejecutivo), con los partidos reunidos en una asamblea que nos representan y fiscalizan al gobierno (Legislativo); otro rasgo importante es que la oposición debe mostrarse ante la ciudadanía como una opción viable para las próximas elecciones generales; por eso, sin libertad de expresión ello sería imposible.

Finalmente, la democracia tampoco existe sin alternancia en el ejercicio del poder político, es decir, estando por terminar el mandato se convocan elecciones libres y limpias para nombrar a las nuevas autoridades, bajo los mismos límites constitucionales. En resumen, el sistema democrático permite la posibilidad real de los ciudadanos para elegir un nuevo gobierno y parlamentarios, para que cumplan un nuevo periodo presidencial y congresal, con el deber de ambos para respetar un conjunto de libertades a los ciudadanos.