Otro capítulo de la lucha de poderes volvió a agudizar la crisis política en nuestro país. El Ejecutivo presentó ayer una nueva cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso. Es evidente que el Gobierno orienta su acción a amedrentar al Legislativo. Esta arremetida del presidente Pedro Castillo y sus ministros solo sugiere, con marcados tazos, la existencia de un plan para promover una Asamblea Constituyente.
El jefe de Estado y el premier Aníbal Torres no lo dicen abiertamente, pero sí lo hace su aliado Vladimir Cerrón. “El pueblo recobra la potestad para decidir por voluntad propia su destino. ¡Consulta popular para una nueva Constitución y una nueva patria”, dijo el sentenciado por corrupción. Es evidente que este es el objetivo de la cuestión de confianza. No importa si se vulnera el estado de Derecho y la Carta Magna. Lo más importante es su propaganda ideológica que apunta a la “participación política del pueblo” con el fin de convocar a una Asamblea Constituyente y mandar al abismo el sistema democrático.
Este Gobierno se ha valido siempre de la creencia que nuestros problemas, principalmente los más complejos, solo pueden resolverse con una nueva Constitución. Pese a que el mandatario, ministros y congresistas lo negaron, hoy ya no tienen reparos en mostrar sus verdaderas intenciones.
Es momento que las fuerzas democráticas se unan para neutralizar las amenazas del Gobierno. Sus decisiones deben ser rápidas, fuertes, corajudas y libres de presiones subalternas.
