Hace unos días el Ministerio de Transportes y Comunicaciones modificó entre gallos y media noche la normativa que regula la emisión de los brevetes a nivel nacional. La ingrata sorpresa es que el único articulo del decreto supremo se limitó a exonerar del examen de conocimientos a los mototaxis en el caso en caso de revalidación de las licencias. Una norma con nombre propio a todas luces. ¿Cuál fue el sustento técnico para hacerlo? Ninguno.
Preocupa que la regulación de los principales servicios que afectan a los ciudadanos en el país se esté dando como respuesta a presiones gremiales o políticas. Hablamos de una afirmación pues el pacto sellado entre el ministerio y los mototaxistas quedó en evidencia con a las declaraciones de estos últimos en medios de comunicación en las que señalaban que existía el compromiso del ministerio para exonerarlos (sino había que atenerse a las consecuencias). ¡Vaya que cumplieron!
Hoy son los mototaxistas, ¿mañana qué nos espera? Lo concreto es que estas normas dejan en indefensión a los peatones y conductores de otros vehículos en el país. ¿Es esa la política pública que desde el ejecutivo se busca impulsar? ¿Es esa la forma con la que busca acercarse al ciudadano? Sin imperio de la Ley para proteger a los ciudadanos, nos quedamos en el imperio del ruido donde gana y se impone el que hace más bochinche.
Estemos atentos al trabajo de nuestras autoridades. Somos nosotros, los ciudadanos, el fin y razón de ser de las políticas públicas. Es una lástima que, en vez de avanzar, estemos retrocediendo. No hay nada más inclusivo que un transporte seguro y masivo para todos, en la realidad, no en el papel y discurso que de eso ya estamos bastante cansados.
