Desde que el economista estadounidense Milton Friedman popularizó la frase "No hay tal cosa como un almuerzo gratis", hemos tendido a juzgar las acciones ?tanto privadas como públicas- en el marco de los incentivos. Es decir, sean cuales fueran las verdaderas razones detrás de una decisión, no existiría tal cosa como un "lonche gratis".
Empresarios y consumidores lo saben muy bien. En cada intercambio, en el que participan libremente, asumen que la valorización neta de lo que reciben y entregan es beneficiosa; de otra manera, no realizarían el intercambio en primer lugar. Así las cosas, la gran parte de los bienes y servicios que se transan en una economía están asociados, inevitablemente, a una valorización que permite distinguir beneficios de costos.
Empero, no sucede así cuando se trata de los fondos públicos.
El Estado también funciona (o debería funcionar) en base a incentivos, qué duda cabe. Sin embargo, dichos incentivos no están destinados a velar por las diferencias entre beneficios colectivos y costes. Los incentivos de quienes representan al Estado están dirigidos a ponderar los beneficios personales, razón por la cual desde los fondos públicos se entregan tantos "lonches gratis". No es que existan tales dádivas; lo que existen son individuos interesados en atrincherarse en puestos de poder y control que se encuentran, curiosa pero convenientemente, comisionados en la administración de fondos. Dichos recursos, como es sabido, no son producidos por el Estado; menos aún por los afortunados agentes estatales. Son producidos por la actividad privada y acopiados por el Estado gracias a la capacidad coactiva del mismo. Y claro, dado que los fondos son de todos y de nadie, los "lonches gratis" se multiplican a la velocidad de las necesidades de popularidad de los administradores públicos.
¿No hay lonche gratis? ¡Claro que sí! Cada intervención del Estado supone uno por necesidad, sea un aumento arbitrario del sueldo mínimo, un nuevo programa social o militar, alguna protección con fines mercantilistas u otra prebenda de origen estatal. Algunos pensarán que eso es lo justo y equitativo; y será justo y equitativo para quienes creen que los fines justifican los medios, y que algunos individuos pueden ser sacrificados en beneficio de otros, sea directa o indirectamente vía el irrespeto de la propiedad y los frutos de la misma.
La treta no acaba en los beneficiados, sean consumidores vía un precio artificial o empresarios vía una prebenda; los políticos, quienes arbitrariamente deciden quiénes se benefician y quiénes se perjudican, reciben el mejor lonche de todos: con la plata de los contribuyentes generan caminos de reelección, con coste cero. ¿Qué tal ésa?
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