Luego del desastroso resultado obtenido en las últimas elecciones generales, Podemos, el partido de propiedad de José Luna, anunció que entraba en reorganización, lo cual sonaba bien. Sin embargo, en domingo último, el dominical Cuarto Poder ha hecho público que para los próximos comicios, dicha agrupación está lanzando como candidatos a cargos regionales y ediles a 197 sentenciados por delitos de todo tipo, entre ellos violación sexual de una menor y torturas.
Si esta manga de impresentables está postulando por un partido que se ha “reorganizado” para corregir los errores que lo han llevado a ser repudiado en las urnas por los ciudadanos, mejor apaguemos la luz y vayámonos todos. Todo hace ver que el partido de Luna y el propio Luna –investigado por graves delitos y objeto de un pedido de cárcel de más de 22 años por el Ministerio Público–, no tienen salvación. Son más de lo mismo, por lo que lo mejor para el país sería que de una vez desaparezcan de la política.
Recordemos que en las últimas elecciones generales, Luna la quiso pegar de “izquierdista” y hasta ofreció el indulto al golpista Pedro Castillo, todo por oportunismo electorero. Incluso llevó como aspirante a vicepresidente a Raúl Noblecilla, quien luego admitió que ni siquiera voto por su candidato presidencial. Una pequeña muestra de la inconsistencia e informalidad del dueño de Podemos, también propietario de Telesup, la universidad que tuvo que ser cerrada por la baja calidad de la formación que impartía.
Pero Podemos no es el único partido que está llevando a verdaderas “joyas” como candidatos. La semana pasada se vio la realidad de Alianza para el Progreso (APP), a lo que se suman los “vivazos” de diferentes agrupaciones que están luchando por la “reelección encubierta” como Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y los que postulan a alcaldías de distritos donde ni siquiera viven ni votan, como es el caso de la excongresista Rosselli Amuruz (Avanza País) y los integrantes de su lista de aspirantes a regidores.
Si algo está caracterizando a esta etapa previa al proceso electoral regional y edil del próximo 4 de octubre, es el uso de la leguleyada, la tinterillada y el aprovechamiento de los vacíos legales para sacarle la vuelta a la norma y hacer lo que a muchos les da la gana. Esto, más bien, debería ser visto como la forma en que actuarían ciertos personajes en caso el ciudadano cometa el grave error, como tantas veces, de elegir a alguno de estos para un cargo regional o municipal.




