El congresista Martín Belaunde Moreyra declaró a Correo lo siguiente: “Contraloría General pierde seriedad con anuncio publicitario de ‘shock anticorrupción’ que nadie cree. Primero produzcan resultados eficaces”. El parlamentario se refería al comunicado oficial N° 5 -2014 CG, titulado “Contraloría General anuncia ‘shock’ anticorrupción”. Probablemente el humorista que escribió este título quiso decir “un choque anticorrupción”. Es pertinente señalar que la regla culta en español es castellanizar. El comunicado empieza con una pomposa mentira: “La Contraloría General de la República anuncia a la ciudadanía las siguientes medidas que viene adoptando para fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir irregularidades en las entidades públicas a nivel regional y local”. Tal como dice Belaunde Moreyra, todavía no hay resultados eficaces en la lucha contra los delitos en las regiones ni en los municipios.

La primera medida es de un humor insuperable: “Se ha lanzado un ‘shock anticorrupción’ el pasado mes de setiembre, que consiste en tomar el control de las principales entidades públicas, asignando personal con dependencia funcional y administrativa de la Contraloría General en los Órganos de Control Institucional (OCI) de aquellas entidades con mayores riesgos de corrupción”. Lo anterior confirma que en noviembre de 2014 recién la Contraloría estaba cumpliendo con su deber fundamental, que consiste en tomar el control para impedir actos de corrupción en todas las entidades públicas, con mayor atención en aquellas con mayores riesgos de corrupción, como por ejemplo la propia Contraloría General de la República. En verdad, este no es un comunicado oficial, sino una confesión oficial de ineficiencia y de complicidad.

El comunicado de fecha 10 de octubre de 2014 contiene la siguiente confesión: “El 3 de noviembre estarán instalados más de 270 auditores, en 54 entidades públicas, que incluye 25 gobiernos regionales, 23 municipalidades provinciales y distritales, así como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Según este párrafo, antes del 3 de noviembre no trabajan estos auditores en ninguno de los gobiernos locales, lo que explica en alguna medida la corrupción de la mayoría de los gobiernos subnacionales y la impunidad de muchos presidentes, lo que incluso facilitó la reelección de esos presidentes regionales que están presos. Esta situación se repitió en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, que no han tenido el debido control de estos auditores de la Contraloría General. En cualquier caso, con auditores o sin ellos, la corrupción generalizada le ha costado miles de millones de soles al Estado del Perú y por consiguiente a los peruanos y a las empresas que pagan sus impuestos, que son la minoría.

El objetivo final de este divertido Comunicado es conseguir más dinero para la Contraloría, la que señala que esta medida: “(…) podrá continuarse en tanto se asignen los recursos presupuestales para ello. En la medida que el personal de los órganos de Control Institucional dependan de la entidad auditada (hoy 3,000 aproximadamente), la lucha contra la corrupción se verá afectada”. Mientras no haya solución, la broma continúa. Lo más gracioso es lo evidente: al Contralor y a sus funcionarios se les escapan las tortugas en un ascensor. El chiste termina cuando comprobamos que todas las tortugas que se escapan son corruptas o corruptoras. Estoy seguro de que los lectores no podrán evitar esbozar una leve sonrisa cuando lean la arenga final del comunicado de marras: ¡No permitamos que la corrupción nos robe la esperanza de vivir en un país mejor!

La Contraloría ha seguido la línea humorística establecida por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En un comunicado emitido el 6 de octubre dicen lo siguiente: “Los organismos electorales garantizan una vez más la transparencia, neutralidad y legalidad del proceso electoral y sus correspondientes resultados”. Los responsables de este documento viven en el país de las maravillas y esto les permite decir: “Exhortamos a las organizaciones políticas y a los ciudadanos a contribuir con el clima de paz y a prescribir el uso de la violencia, a la espera de los resultados oficiales que los organismos electorales les garantizamos serán manifestación de sus votos”. Mientras esperamos el resultado de las apelaciones y de la segunda vuelta electoral, podemos decir que en el Perú actual, aquí y ahora, las garantías que nos ofrecen son un chiste de mal gusto. Salvo mejor opinión. 

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