Los vacíos legales que hay en nuestro país están siendo aprovechados por gente que, precisamente, vive al margen de la ley. El más claro ejemplo es Waldo Ríos, el electo presidente regional de Áncash, quien pudo postular a un cargo público teniendo una deuda con el Estado por haber cometido el delito de corrupción. Y lo repugnante es que viene haciendo una colecta pública para zanjar su morosidad.
¿Cómo es posible que hasta ahora el Congreso no apruebe una ley que prohíba a las personas condenadas por diversos delitos postular a un cargo público? Muchos jueces inhabilitan a funcionarios y políticos corruptos para ejercer en el aparato estatal solo por un periodo de cinco años, apelando a que estos condenados se hayan rehabilitado.
Sin embargo, en el caso de Áncash, no solo se trata de una electa autoridad sentenciada por corrupción, sino que parte de su condena es pagarle al Estado un millón de soles de manera solidaria junto a otros tres excongresistas tránsfugas comprados por Vladimiro Montesinos. No pagó, pero se le dejó postular porque las leyes lo permiten.
En un caso sui géneris, la Corte Suprema inhabilitó a Waldo Ríos para ejercer el cargo público porque no había cumplido toda su condena -llámese la indemnización-, pero el Jurado Electoral Especial ancashino sostuvo en una resolución que dicha sanción judicial había salido a destiempo, cuando ya Waldo Ríos había logrado pasar la segunda vuelta de las elecciones al gobierno regional.
Entonces, son estos vacíos legales aprovechados por las personas que se mantienen al margen de la ley para sacarle la vuelta al Estado y, paradójicamente, quieren vivir de este asumiendo un cargo remunerado, cosa que por ahora la ley faculta.
¿Hasta cuándo el Parlamento permitirá que este tipo de personajes se aproveche de los vacíos en nuestras normas? Esperemos que pronto reaccionen en el hemiciclo y sus integrantes tomen medidas que sirvan para cercar a los corruptos.
