En el 2011, el candidato Toledo nos amenazaba constantemente con salir a las calles cada vez que sucedía algo que no le favorecía. Conminó al JNE, advirtiendo un posible fraude electoral, y amenazó con volverse a poner la vincha para, según él, defender la democracia. Hoy lo sigue Guzmán, quien no está dispuesto a aceptar la resolución del JNE.
En entrevista con EFE, Guzmán sostuvo que convocará a una movilización nacional en defensa de la democracia si lo dejan fuera. Además, dijo, estar preparado para llegar incluso a la Corte-IDH. “[Vamos a] ‘desguzmanizar’ esta protesta. Esto no es acerca de Julio Guzmán, es acerca de la patria” concluyó. Para The Economist, el ente electoral está privilegiando legalismos frente al derecho constitucional del candidato de participar en política. En ese sentido, consideró que el fallo del JNE afecta la esencia de la democracia.
Renzo Reggiardo, congresista y fallido candidato presidencial, se retiró el jueves pasado asegurando que existen irregularidades. “Este proceso está contaminado”, sostuvo dramáticamente esposado.
Mientras, Gustavo Gorriti desde un artículo titulado “Fraude adelantado”, sostiene que la decisión del JNE es un atentado contra el proceso democrático. Según Gorriti, el objetivo del JNE no sería “un proceso electoral limpio, sino uno que fuerce a los ciudadanos a escoger dentro de ese grupo ruinoso que garantiza el confort de los oligopolios y la ganancia de los cleptócratas”. Termina concluyendo que este proceso electoral se estaría pareciendo mucho al del 2000.
Gorriti sostiene que su defensa es a los principios y no a la persona. Y yo me atrevería a decir que en realidad lo que se busca es cuestionar un proceso en donde, vistas las cosas, existen grandes posibilidades de que el fujimorismo regrese al poder. Cuestionando la legitimidad del proceso electoral, abren el camino para cuestionar la legitimidad del candidato elegido.
“Son muy pocas las razones que justifican limitar o prohibir ese fundamental derecho de una democracia: elegir y ser elegido”, dice Gorriti y esa premisa es correcta, sin embargo existen normas que regulan los procesos electorales, ¿qué hacemos? ¿Derogarlas de facto porque uno de los candidatos no las cumplió?
Las democracias latinoamericanas están plagadas de conflictos políticos y sociales, lo que hace que sus economías sean altamente volátiles. Cuestionar el proceso electoral, porque un candidato no cumplió con las normas vigentes es ciertamente irresponsable. Una elección no busca la satisfacción de un candidato, sino la elección de un Presidente que represente a todos los ciudadanos.
