A casi ocho años del estallido del caso de corrupción más grande del país, y el continente probablemente, cuesta pensar que su continuidad sea fruto de la crispación política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Entre los años 2016 a 2023, el Congreso se ha renovado tres veces, incluyendo la disolución parlamentaria de 2019. Se nombraron siete presidentes produciendo un espiral donde la interpelación y censura fueron desplazadas por la vacancia y la disolución. La no reelección de congresistas y la multiplicación de partidos contendientes produjo la circulación de nuevos políticos, la mayoría sin estar a la altura de las circunstancias por falta de trayectoria y experiencia. Sin embargo, alrededor de ellos, están las manos que mueven los hilos para invadir e interferir en el caso de megacorrupción que nos tiene paralizados. Es un poder paralelo compuesto por organizaciones no gubernamentales, medios tradicionales, redes sociales, abogados mediáticos con influencia en el sistema de justicia y persecución del delito.
Las consecuencias de la invasión e interferencia descrita, promueve bullying al Congreso, que también se marca solo, para negar el ejercicio de sus competencias exclusivas; también desestabiliza a toda autoridad, funcionario o persona que no se alinea con sus intereses y protege a sus aliados públicos y privados. A todo lo anterior, llegan al gobierno sin ganar elecciones, si quedan fuera del ejecutivo ejercen una oposición a través de audios y pantallazos filtrados, promueven nefastas reformas constitucionales e introducen instituciones clave para sus intereses: politizar la justicia y que los culpables de la corrupción no sean debidamente juzgados.
