Mientras los peruanos estamos sometidos a un radical escrutinio por parte del Estado para evitar el lavado de activos, las ONG parecen organizaciones intocables por la legislación nacional.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional se ha convertido en una mesa de partes incapaz de liderar una política nacional de cooperación internacional que prevenga la infiltración de mafias internacionales en nuestro país.
La falta de control y liderazgo preventivo ha sido confirmada por la Unidad de Inteligencia Financiera que habría detectado 200 transacciones sospechosas por parte de ONG. Estas transacciones movilizaron más de $3000 millones de dólares, un monto que representa casi el doble del presupuesto anual del MIDIS.
Frente a esta situación, se ha presentado un dictamen que busca fiscalizar el origen y el destino del dinero administrado por las ONG para generar transparencia y luchar contra el lavado de activos.
Diversas ONG e incluso embajadas se han quejado del dictamen acusándolo de buscar “controlar las ONG” lo cual es totalmente falso.
Parece que olvidan que la legislación de lucha contra el lavado de activos es una política de la OCDE y esta totalmente implementada en países como Alemania o Canadá o EEUU ¿Por qué tanto miedo a transparentar los ingresos y egresos de estas organizaciones? ¿Qué hay detrás?
