El Perú no solo está en manos de un presidente limitado e incompetente, sino también de alguien que toma decisiones de Estado que afectan a todos los peruanos, a partir de su conveniencia frente a los graves problemas legales que afronta junto con su familia.

En el gobierno del presidente Pedro Castillo no se coloca a los mejores profesionales, sino a los leales, a los paisanos, a los cómplices y a los que puedan blindarlo ante las investigaciones que tiene en el Ministerio Público. Los cambios en la Policía Nacional son apenas una muestra de esto.

Lo vimos también con la permanencia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el impresentable de Juan Silva. También con Geiner Alvarado en el gabinete o el mismo Aníbal Torres. Los dos primeros están embarrados con la corrupción y el tercero es un cero a la izquierda en la gestión, pero nadie los mueve.

Igual sucede con el pintoresco ministro de Trabajo, Alejandro Salas, antes en Cultura. ¿Qué gestión se le conoce? Ninguna, salvo la de escudero del mandatario. En Comercio Exterior y Turismo está Roberto Sánchez, un cero en la gestión, pero pertenece a un partido aliado y también está dedicado a blindar a su jefe investigado.

Lamentablemente hoy en el Perú, el único criterio para ser funcionario público, es que seas leal a quien sin duda pasará una larga temporada tras las rejas.