No es de ahora que ciertos congresistas deshonestos cercenen, cual carniceros, los sueldos de los trabajadores. Su argumento inmoral es que quienes colaboran en su despacho le deben pleitesía rastrera si es que desean mantener sus puestos de trabajo. ¿Qué se puede hacer para acabar con este robo al Estado?

El problema es que cada cinco años los nuevos congresistas disponen de la contratación de su personal de confianza, mientras la administración del Legislativo es solo una mesa de partes. Y la prueba va en pregunta: ¿cómo se entiende que familiares, parejas, cuñados y otros calentados sin oficio de los legisladores puedan trabajar en el Parlamento?

Es fácil delinquir porque la declaración jurada aguanta todo. Es un papel más para el archivo del olvido. Frente a esto, ¿acaso no son responsables los partidos políticos por escoger pájaros fruteros como representantes de la población? Porque, vamos, congresistas como Torres, Juárez, Ruiz, de casualidad mujeres, surgen a propuesta de alguien. Nada es casual.

Es falso lo que esgrime César Acuña en defensa de su partido contra sus congresistas “mochasueldos”: de que la población tiene la culpa por elegirlos. Una vulgaridad a la inteligencia es que el elector tenga toda la responsabilidad por darle el voto a un impresentable. Y APP, su agrupación, cree que reclutando a conocidos se hará grande. Falta proponer a “Momón”.

Parte de la solución pasa por designar a mejores candidatos al Congreso, y que esta institución se involucre más en la contratación de su personal; así como quienes ingresan al sector sepan valorar su trabajo. Lo que no entienden los parlamentarios es que el presupuesto para su gente de confianza lo pagamos todos los peruanos, no ellos.


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