He vivido muchos años en provincia y soy testigo de que la proliferación de movimientos regionales ha sido una dura competencia para las agrupaciones políticas tradicionales. Sin embargo, así como se convirtieron en una sana competencia electoral, algunos también fueron grupos de fachada que se extinguían una vez conseguido el poder municipal o regional.
En el mundo existe una corriente política pragmática, la misma que ha comenzado a desplazar a partidos políticos con estructuras e ideologías bien marcadas, entre ellas la izquierda y la derecha. En las regiones no existe tal propósito, solo vemos campañas populistas donde se ofrece empleo, dinero, dádivas y otras yerbas que, por lo general, no se llegan a cumplir.
Lamentablemente, los movimientos regionales han creado una fama de irresponsabilidad, de no tener filtros, de contar con patrones más que líderes. Muchas veces es una persona la que sostiene económicamente al grupo, por lo que, prácticamente, se convierte en el dueño de una empresa con tiempo limitado.
No obstante, es entendible que los alcaldes y gobernadores pertenecientes a movimientos políticos hayan reclamado ante la decisión del Congreso, donde se cobijan los partidos tradicionales que compiten con ellos. Refieren que la propuesta del Legislativo de sacarlos de competencia cercena su derecho a participar en pugnas electorales, como manda la Constitución.
La reforma política merece un mayor debate, por lo que debe haber un análisis profundo de lo que necesita el país. En provincia, por ejemplo, los partidos tradicionales cuentan con infraestructura, con bases, pero no tienen el liderazgo de cerca. Por su parte, los movimientos regionales tienen más presencia, el contacto con la calle, pero padecen de logística. Al final, la gente es la que decide.
