El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha señalado ayer lo que ha dejado de percibir el país a causa de la paralización o lentitud de los 23 proyectos mineros que debieron ejecutarse entre los años 2008 y 2022. Las cifras de empleos no generados y del dinero que pudo ingresar a las arcas públicas para atender necesidades y sobre todo paliar la pobreza, son para llorar y queda claro que será imposible recuperar lo perdido.
A causa de retrasos por motivos ajenos a las empresas mineras, el IPE calcula que el Perú sufrió pérdidas por 700 mil millones de soles, lo que equivale a más del producto bruto interno (PBI) de un año.
El cálculo también indica que se dejó de recaudar 123 mil millones de soles, que es cerca del 75% de los ingresos del gobierno central. Todo eso pudo servir para atender sectores como salud, educación, seguridad y programas sociales.
Pero lo más revelador es que por todos estos problemas en el sector minero, un millón 700 mil peruanos que debieron salir de la pobreza en 2022, siguen inmersos en ella. Todo un crimen.
¿Qué dirán los grupos de izquierda que tienen mucha responsabilidad en esto? Pues nada. Lo suyo es generar problemas gracias a su ideología caduca y mantener la pobreza a fin de tener una razón para existir.
