El presidente Pedro Castillo se ha abierto un nuevo frente de inestabilidad y de posibilidades de una nueva investigación por parte del Ministerio Público, por el escándalo de los vuelos presidenciales, que en la práctica se han convertido en unidades de transporte público para la familia, amigos y amigotes del mandatario, que cree que por ser el jefe del Estado es el dueño de las aeronaves de las Fuerzas Armadas que están al servicio del país.

Lo más grave de todo es que existe la posibilidad de que en uno de estos vuelos supuestamente oficiales haya estado el prófugo Fray Vásquez Castillo, pues en la lista de pasajeros de un viaje a Chiclayo realizado en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) aparece que uno de los sobrinos viajeros es un inexistente ciudadano “Lay Vásquez Castillo”, que además se identificó con un DNI que no figura en la base de datos del Reniec. Esto lo ha alertado Centro Liber.

El presidente Castillo ha rechazado esto, pero su palabra está devaluada. Sus sucesivas mentiras lo demuestran. Recordemos cuando negó conocer Karelim López, la que hacía las fiestas en Palacio de Gobierno. Incluso ha tenido el descaro de afirmar que no sabía que la gente que lo acompañó en su “épica” huelga del 2017 de docentes radicales estaba vinculada a Sendero Luminoso. Quizá su abogado Benji Espinoza sea uno de los pocos que aún le cree.

Pero más allá del grave caso de “Lay Vásquez Castillo”, está también el mal uso que viene dando el jefe de Estado a las aeronaves de las Fuerzas Armadas, que no son para llevar a la familia o a los amigos de paseo ni para evitarles el gasto del pago de un vuelo comercial o del asiento de un ómnibus si es que quieren salir de Lima. Los aviones son para viajes de trabajo, la defensa de la seguridad nacional y para servir a los peruanos que se encuentren en riesgo ante cualquier emergencia.

El Ministerio Público tiene ante sí una nueva investigación. O hay complicidad en la fuga de un evadido de la justicia o por lo menos existe el presunto delito de peculado de uso de parte del jefe de Estado, lo que se suma al cerro de pesquisas que ya se vienen realizando. Y mientras tanto, el Congreso no ha sido capaz hasta hoy ni de censurar a un ministro del Interior como Willy Huerta, acusado de torpedear el trabajo de fiscales y policías que acechan a la corrupción en el poder.