Insólito todo lo que está sucediendo en la vida política del Brasil, amén de la aguda crisis económica con desaceleración incontenible. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), acusado de actos de corrupción, ha intentado burlar a la justicia haciéndose nombrar ministro de la Casa Civil del gabinete de su sucesora Dilma Rousseff. La evidencia de querer evitar la justicia federal a como dé lugar -lo que ha desatado una ola de críticas y protestas en el país- fue desnudada por un audio, y con ello, un juez tan solo tres horas después de que el expresidente sea investido en ese cargo, acaba de anular dicho nombramiento. Sin duda, Lula subestimó a la autoridad que no se comió el sapo del nuevo ministro de Rousseff y lo único que ha quedado claro para la gente es que el exmandatario está desesperado por lograr evadir al derecho y con ello afirmar su capacidad de influencia en el aparato estatal o judicial para orientar sus intereses. La situación de Lula, entonces, está complicada y podría ser letal para la propia mandataria a la que cerca del 90% de la población (de 200 millones) no la quiere. La actual jefe de Estado, además, con gesto solidario para con su predecesor, de lo que no se había percatado es que ha reavivado el juicio político, también por corrupción, que tenía algo controlado en el Parlamento y por el cual la oposición busca su destitución. Lula, que quiere hacer creer que los chanchos vuelan, está actuando al revés, pues la presunción de inocencia que como principio es muy fuerte en el derecho, la acaba de menoscabar con sus últimas “movidas”, que estarían confirmando las graves evidencias de su responsabilidad.