Maduro no sabe en qué se está metiendo

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el preso político más emblemático de Venezuela, acaba de denunciar al autócrata Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). La denuncia coloca en una situación de gravedad jurídica al gobernante chavista, porque se ha promovido contra él una acusación, lo que técnicamente se denomina imputación penal objetiva. A estas alturas de la coyuntura que vive el país llanero, con intensas protestas masivas en las calles, Maduro debe estar muy preocupado por la reciente acción penal. Está claro que mientras mantenga el poder, que es efímero, pocas chances habrá para que sea objeto de un juicio ante dicho tribunal internacional, pero también lo está que si la denuncia prospera por la convicción fiscal de su mérito, Maduro será sentado en el banquillo de los acusados tarde o temprano. La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente, vigente desde 2002, que se rige por el denominado Estatuto de Roma, su instrumento constitutivo establecido en 1998. Con sede en la ciudad de La Haya -considerada la meca del derecho internacional-, en Países Bajos, su jurisdicción es universal, siendo a la fecha 124 sus Estados Partes -Venezuela (2001) y Perú (2002)-. La CPI es el más extraordinario avance del derecho penal internacional contemporáneo desde el Tribunal de Núremberg (1945), que ha venido a revolucionar el sistema jurídico planetario al determinar la individualización de la responsabilidad penal. A diferencia del derecho nacional o interno de los Estados, donde existe un solo poder judicial, en el sistema internacional se cuenta con una diversidad de cortes o instancias judiciales. La referida denuncia, entonces, sí que va a hacer temblar a Maduro, pues la CPI juzga a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Lo que le esperaría al dictador, que no sabe en qué se está metiendo.