La semana pasada fue asesinado a balazos en La Victoria el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas, quien luchaba tenazmente contra las mafias que son el terror de toda obra pública y privada, pues apenas estas comienzan a levantarse en cualquier parte del país, suelen aparecen sujetos armados para cobrar cupos a cambio de “seguridad” y colocar trabajadores fantasmas, simulando pertenecer a sindicatos que en realidad no están reconocidos.
Esta actividad ilícita no es nueva, pues desde 2011 ha cobrado la vida de por lo menos 24 afiliados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP). Sin embargo, en los sucesivos gobiernos desde inicios de este siglo, jamás ha existido la voluntad política de hacer frente a las extorsiones que se dan todos los días. De esto pueden dar fe las personas que desde la legalidad tienen que ver con la actividad de la ingeniería civil y la construcción.
Las extorsiones en construcción civil ocurren en las narices de todos, pero nadie toma al toro por las astas. Ocurren cuando se inicia una obra y los mafiosos cobran por “seguridad” o “chalequeo”. Es decir, si no me pagas, atento a balazos o con explosivos contra ti, tu gente o el trabajo que vienen haciendo. La otra modalidad consiste en hacerse pasar por miembros de sindicatos inexistentes que en teoría tienen derecho a colocar obreros en determinados proyectos. Al final suele tratarse de obreros fantasmas, pero que igual cobran.
A veces detrás de una obra no solo hay un “sindicato” ilegal, sino dos o tres. Es en esas circunstancias que se producen los enfrentamiento callejeros, sean a pedradas, palazos y balazos, y los ajustes de cuentas. Sin embargo, reitero, desde el Estado y la legalidad poco o nada se hace contra la extorsión y el cobro de cupos alrededor de obras de construcción civil que cobran vidas y encarecen los costos de los proyectos, pues hay que destinar partidas para estos maleantes.
Erradicar estas mafias no solo es un trabajo de la Policía Nacional y el sistema judicial. También hay mucho que hacer desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es el que reconoce a los sindicatos legales; los gremios formales, donde sus miembros deben ser los primeros interesados en erradicar a estas mafias que los atacan y quitan oportunidades laborales; y el ámbito empresarial, que se ve afectado en su seguridad y su economía por la presencia de estos indeseables.