El 6 de marzo del 2020, el presidente Martín Vizcarra anunciaba el primer caso de contagio de coronavirus en el país. Pidió “confiar en la capacidad del sistema de salud peruano”, señalando: “el Ministerio de Salud (…) articula con Essalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como diversos ministerios e instituciones del Estado y representantes de clínicas privadas”.Si lo tenían planificado o no, los resultados dicen que lo que se planteó, no se cumplió. No es mezquindad. Todos los peruanos añoramos salir de esta terrible situación, pero no podemos soslayar que, a la ineficiencia, se sume la corrupción que tanto pontificaban combatir, y a ello, la amenaza de afectación al derecho de propiedad.

Esta amenaza de arrebatar la propiedad, nos coloca en una posición muy difícil frente a la confianza que el país debe ofrecer, para tender puentes con el sector privado. Necesitamos inversión. Estamos en un año pre electoral y mensajes como estos disminuyen posibilidades para el desarrollo de grandes proyectos.

Hacen mal las clínicas cobrando montos exorbitantes y cobrar por pruebas que no han realizado. Es condenable y debe sancionarse. También si han dejado de atender cuando correspondía hacerlo. Pero la respuesta no puede ser “te expropio”. El gobierno no expropia por sí. Se hace mediante una ley que es aprobada por el Congreso. Y no se sabe si este la aprobaría o no. Es por eso que han actuado sólo para el aplauso, cual patrañeros degradando a ese nivel la institución presidencial.

La Ley General de Salud prevé que en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado, lo propio el D.S 044-2020 PCM, emitido por este gobierno.

Se tenía el marco legal para integrar las clínicas privadas con las públicas bajo un solo mando contra el virus, faltó gestión. Se firma un convenio tardíamente, para ejecutar algo que estaba dispuesto por ley. Sobran justificaciones y amenazas que dañan letalmente la imagen del país.