Desde ayer, la 61 edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que se desarrolla en Urubamba (Cusco) bajo el lema “Volver a creer, volver a crecer”, viene colocando la lupa sobre la gestión del gobierno de Dina Boluarte en materia económica.
No es una novedad que el manejo en esta área está resultando un fiasco total y que este régimen, que cree que hace todo bien, no ha identificado a cabalidad qué debe hacer para, por ejemplo, revertir la tendencia de un pernicioso y ya perdido 2023, revolcado por la recesión pero además, zarandeado por la incoherencia constante de lamentables decisiones.
Empecemos por la incoherencia más reciente: Ayer, el mismo día de la inauguración de la CADE, el Ministerio de Energía y Minas participaba en la firma del contrato para la explotación del lote Z-69 de Talara, entregada a la quebrada Petroperú. Está feliz el funesto titular del sector, Óscar Vera. Es claramente otro despropósito flexibilizar el marco operativo de las mypes si se mantiene vigente el decreto supremo No. 001-2022, que establece que la tercerización empresarial debe quedar restringida a la actividad principal de la compañía o núcleo del negocio. ¿Ha hecho algo el señor Daniel Maurate para derogar esta norma fermentada en el régimen castillista? Pero claro, doña Dina podría estar a estas horas lanzando portentosas invitaciones a la inversión privada internacional como si esta no supiera que el Perú es un país secuestrado por la delincuencia y que la extorsión está pulverizando las escasas opciones de inversión privada nacional, nunca tan asustada como ahora con la impunidad del hampa.
La inseguridad destroza la economía, la demuele, la desalienta, ¿se dieron cuenta Vicente Romero y Álex Contreras? O el Gobierno cambia esta ruta zigzagueante convertida en una malagua económica, que exacerba la inversión pública e idolatra al keynisianismo, o nos esperan varios años de asfixia, hambre y pobreza. Casi casi como si Pedro Castillo no se hubiese ido.
