Mamani y Donayre

El predictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside la legisladora Luciana León, ha declarado procedente el pedido de levantamiento de inmunidad contra el congresista fujimorista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos a una trabajadora de la aerolínea Latam, con lo que queda libre el camino para que hoy se apruebe y pase al pleno, a fin de que dicho personaje sea de una vez procesado como cualquier ciudadano.

Al mismo tiempo, ese grupo de trabajo ha admitido un pedido similar y ha acordado que mañana y el viernes se presente el congresista apepista Edwin Donayre, condenado a cinco años y medio de prisión efectiva por robo de gasolina en el Ejército, para que haga sus respectivos descargos a fin de que se cumpla el procedimiento que debería llevar a que se le retire la inmunidad y pueda cumplir su condena al igual que todos los ciudadanos de este país que delinquen.

Es de esperarse que en adelante no haya más impedimentos para que el suspendido Mamani sea procesado en el Poder Judicial por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, y que Donayre de una vez vaya a un penal y deje de trabajar como legislador a pesar de la condena en su contra. El Congreso no puede seguir cargando esos pasivos mientras la gente muestra su rechazo a este poder del Estado, que en las últimas décadas ha ido de mal en peor.

Las situaciones protagonizadas por Mamani y Donayre deberían llevar a que de una vez sea revisada la vigencia de la inmunidad parlamentaria, que en los últimos años solo ha servido como escudo para evitar que los congresistas sean procesados y asuman sus responsabilidades por delitos comunes que nada tienen que ver con su función de congresistas. ¿Qué sentido tiene que la Constitución esté blindando a quienes hacen tocamientos a mujeres o roban gasolina?

El Congreso no debería ser más, ni por un día, el refugio de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. Los casos de Mamani, Donayre y todos los demás deberían ser resueltos de inmediato. En el Perú no puede haber ciudadanos VIP con amparo constitucional, mientras el común de los mortales tiene que ir a vérselas con jueces y fiscales. Si el Poder Legislativo sigue como hasta hoy, luego no se quejen de que aumente el rechazo que se han ganado a pulso.