La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar para ejercer cualquier cargo público por 10 años al expresidente Martín Vizcarra. También están involucradas la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. Esto se debe a la vacunación irregular contra el COVID-19 cuando eran personajes claves del Ejecutivo, un caso que se convirtió en símbolo de la decadencia y crisis moral de nuestros gobernantes. Otra durísima realidad que afronta del país en esta grave situación por la que atraviesa el país.

Es evidente que el culto de sacar ventaja como fuera posible del presidente Vizcarra, las ministras y otros personajes que no tienen nada que ver con la primera línea en la lucha contra el coronavirus, tiene que ser sancionado con medidas ejemplares.

Denunciar los hechos, mostrarlos, aportar los elementos para que se investiguen a los responsables de irregularidades y luego alentar para que las autoridades pertinentes actúen con todo el peso de la ley, es labor de los congresistas. Bien por eso. Sin embargo, esperemos que los parlamentarios sean serios y no hagan uso y abuso de sus facultades y mucho menos que transformen este acto en un evento activo a favor de sus intereses políticos, lo que a la larga perjudicaría una eventual sanción y la futura labor de la justicia.