Más de 94 mil presos habitan los 67 establecimientos penitenciarios en el país, de los cuales 12 se encuentran en Lima región y el Callao, una muestra de hacinamiento que desdibuja el supuesto proceso de rehabilitación que pagamos todos los contribuyentes. Por eso, estos reclusorios son escuelas del crimen, gracias también a que hay actos de corrupción que permiten a los internos actuar con impunidad. ¿Necesitamos más cárceles o mejorar el proceso de internamiento?
El plan del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es que al 2026 haya seis cárceles más (más de 1630 millones de soles), y comienzan por Apurímac. Más que fierro y cemento, tal vez haya que proponer otras condiciones de rehabilitación o dejar esa tarea a otros entendidos.
Algunos expertos consideran que el problema es el hacinamiento en los penales, que la capacidad de aforo se ha desbordado, lo que complica el proceso de rehabilitación. Es cierto que la mayoría de los internos está por el delito de omisión a la asistencia familiar (no pasan pensión alimenticia a sus hijos), pero no por eso deberán estar sueltos en plaza, como proponen; incluso, se podría debatir el arresto domiciliario para ellos.
Debería declarase en emergencia el sistema penitenciario, y si es posible privatizar sus ambientes, para dejarle al Estado el proceso de justicia, que es más complicado. Administrar las cárceles y llevar el proceso de rehabilitación han sido un fracaso, no hay resultados, no hay indicadores positivos que demuestren que, en realidad, sirvió enrejar a estas personas durante su condena, sobre todo en los reclusos con penas mayores.
