Es cierto que durante este gobierno el trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de armar legajos con información obtenida de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se hizo frenético y descomunal, y alcanzó a personas que no tendrían por qué estar bajo la mira de este organismo del Estado, como son políticos, periodistas y empresarios, y sus familiares, quienes no constituyen una amenaza para el país.
Sin embargo, tal como lo hemos sostenido desde un primer momento en Correo y Correo Semanal, esta búsqueda que excede las funciones de un órgano de inteligencia no se inició en el mandato del presidente Ollanta Humala, sino en el gobierno de Alan García. Sin embargo, otros rastreos en Sunarp, desconocidos hasta ayer, empezaron en el régimen de Alejandro Toledo, con lo que tenemos que, desde hace más de una década, miles de peruanos han sido husmeados de forma indebida.
Es por esto que los pedidos de rendición de cuentas que se hacen a la actual administración deben de ser extensivos a los anteriores gobiernos que, por acción u omisión, facilitaron que nuevamente en el Perú tengamos, salvando las enormes distancias, un sistema de inteligencia al servicio del régimen de turno, en lugar de trabajar por la seguridad externa e interna del país. Al menos los anteriores presidentes del Consejo de Ministros deberían decir algo al respecto.
En lo que se equivocan los voceros de este gobierno es en tratar de reducir su responsabilidad en el caso DiniLeaks, argumentando que otras administraciones incurrieron en lo mismo. Esa actitud es equivalente a decir que “nosotros matamos menos”. Insistir en eso desde las filas del humalismo sería un error tan grande como seguir defendiéndose con el argumento de que la cosa denunciada por este medio no es tan grave, porque la DINI solo ha “acopiado información pública”.
Desde que en enero denunciamos el mal accionar de una DINI dedicada a hacer seguimientos a opositores al Gobierno, el humalismo ha dado muchas excusas, la mayoría de ellas incapaces de resistir un análisis. Lo único que le queda al Gobierno es asumir la responsabilidad política de estos hechos y adoptar medidas para que nuestro organismo de inteligencia vuelva a operar, dada su gran importancia para velar por la seguridad externa e interna, que es su verdadera y única razón de ser.
