Mientras el Congreso continúa enfrascado en el debate sobre la delegación de facultades legislativas, el Ejecutivo ha empezado a mover algunas piezas contra la criminalidad. Y eso es exactamente lo que corresponde: gobernar con las herramientas disponibles mientras se discuten las adicionales.

La reciente requisa en el penal de máxima seguridad Ancón I dejó una fotografía tan indignante como reveladora. Las autoridades encontraron más de 35 teléfonos celulares, drogas, armas blancas y otros objetos prohibidos. Es decir, detrás de los muros de una prisión que debería aislar a delincuentes peligrosos seguían existiendo herramientas capaces de mantenerlos conectados con el exterior.

La intervención en Ancón I no debería ser una operación aislada destinada a producir titulares. Tiene que ser el comienzo de una recuperación sistemática del control penitenciario. Requisas sorpresivas y permanentes, bloqueo efectivo de comunicaciones ilegales, rotación y control del personal en áreas críticas, investigación patrimonial ante posibles actos de corrupción y aislamiento real de los cabecillas de organizaciones criminales.

La nueva gestión al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con su presidente Abraham Lescano, tiene un gran reto por delante.

El Congreso debe decidir. El Ejecutivo debe actuar. Porque mientras ambos discuten quién tiene las facultades, el crimen sigue ejerciendo las suyas.