¿Fue una idea repentina, un manotazo de ahogado por la situación de Luis Barranzuela, o, como sugieren algunos, un distractor ante los problemas del gobierno? La resolución que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en Lima y Callao en la lucha contra la delincuencia ha sorprendido a propios y extraños, y ha generado reacciones inmediatas. Ha sido repentina. Nadie la vio venir.
El tema ha trastocado además las posiciones habituales en la política nacional. Quienes siempre criticaron la medida de sacar a los militares a las calles fueron los sectores de izquierda y/o progresistas, y hoy miembros de esos sectores, salvo excepciones, están en silencio o en todo caso han mostrado entusiasmo por la decisión del gobierno. Y, en contraparte, el ala derechista y conservadora, que todos estos años se pasó salivando por la militarización del país y la mano dura de las Fuerzas Armadas en las ciudades, ahora se pone crítico del asunto. El mundo al revés.
Sin embargo, más allá de estos asuntos ideológicos que cambian según quién toque la flauta, por decirlo de algún modo, la medida es peligrosa. Ya algunos han salido a cuestionar la validez legal de la norma, y desde la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco ha soltado la alerta: “Me preocupa la resolución 191 del presidente Pedro Castillo sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país. Los soldados están preparados para la guerra, no para el control del orden público”.
Además, ¿qué intención hay detrás de esta sorpresiva medida?
En Trujillo, desde donde este periodista escribe esta columna, el anunció ya ha sido recibido con expectativa. El alcalde de Trujillo, José Ruiz, ha manifestado su beneplácito y espera que la medida se replique aquí. Es que esta es, antes que nada, una medida populista. Y muy riesgosa.
