En diversas intervenciones, entre ellas la más reciente en Perumin, las autoridades destacan su voluntad de promover las inversiones y, es más, se planteó hacer más eficientes los procedimientos, he incluso se propuso la creación de una ventanilla única digital que aún no está en funcionamiento.
Sin embargo, en medio de este ambiente positivo, preocupa que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. De aprobarse esta propuesta, las autoridades subnacionales tendrían la capacidad de establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica, incluida la minería, incluso a pesar de que las empresas cuenten con todos los permisos y condiciones para poder operar.
Este proyecto de ley representa un obstáculo adicional para la inversión formal, y no contribuye a crear el necesario clima de confianza para reactivar la economía. El riesgo es muy grande, ya que hay una cartera de proyectos mineros por un valor de US$ 53,000 millones que se verán afectados si se aprueba esta norma. En este contexto resulta necesario que retorne la coherencia entre el discurso y las acciones legislativas.
La industria minera se ha comprometido a trabajar en conjunto con las autoridades locales y regionales para promover el necesario desarrollo territorial. Las necesidades de los pueblos son enormes, y no hacer uso de los recursos con los que contamos carece de sentido si en pleno siglo XXI las regiones mantienen indicadores sociales inaceptables. Evitar contingencias legislativas es fundamental para permitir que el país avance hacia un futuro de prosperidad y bienestar para todos los peruanos.
La inversión privada formal es vital para el desarrollo nacional, y la minería tiene la capacidad y el compromiso de trabajar conjuntamente en los territorios para lograr el desarrollo sostenible y equitativo para beneficio de todos los peruanos
