Mineros ilegales

Desde el fin de semana último la situación se ha puesto muy complicada para el país por los reclamos de los mineros informales (ilegales), quienes al exigir una prórroga más para pasar al lado de la ley, se han sentado en la normatividad vigente tomando carreteras especialmente en el sur del país, ante lo cual el Poder Ejecutivo ha actuado con buen criterio al mantenerse firme y no dar su brazo a torcer ante las presiones de esta gente, que a todas luces no tiene intención de trabajar legalmente.

Recordemos que ya el año pasado se amplió el plazo para la formalización de esta gente, que por años ha venido actuando al margen de la ley, contaminando el ambiente y violando leyes en materia tributaria y laboral, por lo que mal haría el gobierno del presidente Ollanta Humala en ceder ante las presiones que se traducen en la ruptura del diálogo con las autoridades y, lo que es peor, la toma de vías de comunicación, que se dan el lujo de reabrir y volver a cerrar según sus antojos.

La ley peruana es muy clara y contempla sanciones para quienes incurren en el bloqueo de vías, por lo que es de esperarse en breve que la Policía Nacional y el Ministerio Público determinen a la brevedad posible la identidad de los responsables y procuren las posteriores condenas judiciales de acuerdo con nuestra legislación. Si, como suele suceder, esta situación es pasada por agua tibia, no nos lamentemos luego cuando veamos nuevas tomas de carreteras ante cada reclamo que haya.

Mientras esto sucede, hasta el momento no se escucha a ninguna ONG "ecologista" ni a los "ambientalistas" Gregorio Santos, Wilfredo Saavedra o Marco Arana saliendo a apoyar al Gobierno para que aplique mano dura contra esta gente, que se niega a formalizarse y a dejar de contaminar el ambiente que tanto dicen defender. ¿Por qué estos personajes, que tanto dicen cuidar nuestro hábitat, no se hacen, por ejemplo, una marchita en contra de los extractores ilegales y a favor del Ejecutivo que busca fiscalizarlos?

La minería informal o ilegal debe ser desterrada para siempre, y para eso se ha dado la alternativa de la formalización desde hace mucho tiempo. Un país que aspira a ser del primer mundo no puede albergar este tipo de actividad al margen de la ley, por lo que el gobierno del presidente Humala debe mantenerse firme ante las presiones y aplicar las leyes para sancionar a aquellos que creen que como siempre, pueden venir a hacer lo que les dé la gana.