Mientras se alista una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres, el Congreso intenta tomar posición en la lucha contra la inseguridad ciudadana y ha presentado hasta 13 proyectos para combatir la delincuencia y la criminalidad.
Sin embargo, la realidad parece desvanecer las esperanzas depositadas en estas propuestas. La mayoría de estos proyectos se enfrentan a la dura realidad de su inviabilidad o la falta de respaldo por parte de los otros poderes del Estado. Expertos señalan que, más que soluciones concretas, estas iniciativas podrían considerarse simples distracciones.
Por ejemplo, la idea de reconstruir los penales de El Frontón y el Sepa, aunque loable, se enfrenta a la cruda realidad de los altos costos de mantenimiento y operatividad.
Otro proyecto planteado es el de los “jueces sin rostro”, una medida destinada a proteger a los magistrados de posibles amenazas y sobornos por parte de los delincuentes. Si bien esto tiene sus reparos, hay una clara llamada de alerta para garantizar la seguridad y la integridad de los jueces para que puedan desempeñar su labor de manera adecuada.
Además, se retoma la discusión sobre la expulsión de extranjeros involucrados en actividades delictivas y la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. Aunque estas medidas han sido anunciadas e incluso ensayadas, la falta de respuestas contundentes deja un vacío de incertidumbre sobre su efectividad real.
