Las recientes acciones del Ministerio Público han colocado a un expresidente y a una presidenta en el centro de la atención nacional. Lamentablemente, ambos están bajo investigación por indicios de corrupción e irregularidades. Esta situación solo contribuye a alimentar un clima de profunda desconfianza hacia nuestros líderes gubernamentales.
El caso de Martín Vizcarra, acusado de liderar una presunta organización criminal, es sumamente grave. Se le imputa haber encabezado una red que recibía sobornos y favorecía contratos durante su mandato presidencial. Sin embargo, su respuesta ha sido hilarante. En lugar de ofrecer argumentos sólidos, ha optado por comportamientos frívolos y un espectáculo para desviar la atención. Su falta de vergüenza al asumir actitudes triviales y superficiales es alarmante. Parece actuar con la certeza de que no enfrentará consecuencias.
Por otro lado, la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, tras descubrir que posee un costoso reloj Rolex. Ya no es suficiente justificar esto como asuntos personales. La presidenta debe explicar el origen de esta ostentosa joya.
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen ahora la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia. Actualmente, estas instituciones carecen de credibilidad entre la población peruana, como lo evidencia la última encuesta de Datum, donde el 85% y el 73% de los ciudadanos no confían en ellos respectivamente. Es hora de aplicar la ley sin distinciones, caiga quien caiga.
