Si la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) no revelaba que desde hace varias semanas había informado a la Presidencia del Consejo de Ministros y a su titular, el premier Aníbal Torres, de la filtración masiva de datos personales de millones de peruanos, el gobierno seguiría actuando como si nada hubiera ocurrido y continuaría sin informar a la población respecto a las medidas que debe tomar para protegerse.
La ciudadanía necesita una explicación de por qué es tan fácil acceder a la data que el gobierno debe resguardar y qué acciones se están tomando para evitar que esto vuelva a ocurrir.
La filtración que permite conocer el nombre, la dirección, el número de documento de identidad, los datos de familiares, la cantidad de bienes, las deudas, los ahorros y las huellas digitales de miles de personas pagando una cómoda cuota mensual debería tener consecuencias drásticas en todos los niveles del Estado y más ahora que con la identidad digital se pueden realizar gran variedad de actividades y transacciones financieras.
No permitamos que esta grave brecha en la seguridad electrónica del gobierno quede impune y exijamos que el gobierno encuentre a los culpables y los sancione junto con quienes pusieron en riesgo a todo el país.
