Siguen algunos planteando la necesidad de una nueva Constitución, como si la misma fuera la solución a las brechas sociales y productivas del país.
Qué duda cabe, las brechas existentes deben ser abordadas cuanto antes. Así lo resaltan los ciudadanos al ser consultados por las prioridades del nuevo gobierno: vacunar a toda la ciudadanía y mejorar la salud pública, tener una educación de calidad, así como impulsar la economía y generar empleo.
¿Qué dice la Constitución actual sobre estos temas? Sobre la salud, el artículo 7º señala que “Todos tienen derecho a la protección de su salud (…)” y el 11º que “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud (…)”. En cuanto a la educación, el artículo 16 señala que “(…) Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica (…). Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República”.
Así, la Constitución vigente ya establece la prioridad de la salud y la educación, así como que el Estado debe garantizar su acceso a todos, al margen de su situación económica. Como sabemos, sin embargo, la realidad no acompaña lo que señala la Constitución.
Para lograr servicios de salud y educación de calidad, se requiere poner a los ciudadanos al centro y tomar decisiones sobre la organización, prestación y financiamiento de los servicios. Al respecto, en educación desde IPAE venimos planteando la relevancia de mejorar la gobernanza del sistema, poner foco en la primera infancia, así como fortalecer la formación inicial docente. En salud estamos planteando fortalecer el rol rector del Minsa, implementar mecanismos de intercambio prestacional (que acercarán los servicios a los ciudadanos), fortalecer el primer nivel de atención y dotar al SIS de mayor presupuesto.
Ninguna de estas medidas requiere un cambio en la Constitución.
La salud y la educación deben ser prioridad del siguiente gobierno. Insistir con la necesidad de una nueva Constitución solo dilatará la toma de decisiones. Invocamos a las nuevas autoridades a implementar los cambios que se requieren en la prestación de servicios, y dejar de lado la mecedora de la nueva Constitución.
