Los cien días del presidente en funciones, José Jerí, no han dejado resultados visibles frente al problema más grave del país: la criminalidad. Mucho movimiento, muchas apariciones, pero ningún impacto real en la seguridad de los ciudadanos. A esa ineficacia se suma un episodio que no puede minimizarse ni relativizar: una cena en un chifa de San Borja con un empresario chino vinculado a actividades que no cumplen la ley. Agrava lo sucedido que la reunión haya sido fuera de Palacio y que el presidente asistió con capucha y lentes oscuros para no ser reconocido. Un gesto tan absurdo como revelador. En política, cuando alguien se oculta, genera sospecha. Y cuando además cambia su versión —primero “asuntos públicos”, luego “asuntos privados”— la sospecha se transforma en desconfianza. Ninguna autoridad, y menos el presidente de la República, interino o no, tiene derecho a moverse en la penumbra. La función pública exige transparencia plena. El derecho a la explicabilidad no es un capricho académico, es la base de la convivencia democrática. Los ciudadanos deben saber con quién se reúne su gobernante, para qué y en qué condiciones. Que la Comisión de Fiscalización del Congreso abra investigación y evalúe una eventual vacancia demuestra la gravedad del asunto. Más allá del desenlace político, esta es una lección para exigir transparencia de rey a paje. Sin explicaciones claras no hay autoridad moral y sin transparencia no hay legitimidad ni representación. La política no se sostiene en el disfraz ni en el secreto, debe ganar la confianza pública que el país tiene urgencia de recuperar. Que autoridades y candidatos entiendan que gobernar es dar la cara, decir la verdad y rendir cuentas Ni engaño ni opacidad son admisibles si queremos superar etapas y prácticas lesivas para la democracia y el país.