Si bien es necesario saludar que se haya llegado a un fallo final e inapelable por esclavitud laboral contra Jonny Coico y Vilma Zeña, la pareja de esposos responsables de la explotación y muerte de dos jóvenes encerrados en contenedores durante el incendio de 2017 en el Caso Nicolini, también es necesario alcemos la voz sobre los casi nueve años transcurridos desde que ocurrió la tragedia hasta la confirmación de la Corte Suprema difundida en la víspera.

Entendemos que los procesos judiciales tienen sus plazos, pero casi una década esperando justicia es una afrenta más contra Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán, aquellos dos jóvenes que trabajaban bajo llave, con sueldos de hambre, y cuya muerte, dentro de un container que se convirtió en un horno, fue transmitida en vivo.

Esto también hace que nos preguntemos cómo ha cambiado la realidad laboral del país desde el incendio hasta hoy y todo sigue igual. Alrededor del 45% de la PEA peruana está en condición de subempleo, es decir, casi la mitad trabaja con ingresos o jornadas por debajo de lo mínimo para una vida digna. A nivel nacional, más de 8,2 millones de personas siguen subempleadas, pese a cierta mejora del empleo adecuado tras la pandemia.

Entonces, ¿de qué sirve celebrar “fallos históricos” si el Estado permite que millones trabajen en otro tipo de contenedores?