Para las próximas semanas se han anunciado movilizaciones y reclamos contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, lo cual no tendría nada de extraordinario si es que estas acciones se van a mantener dentro de lo que manda la Constitución y las leyes, es decir, sin recurrir a la violencia como vimos a fines del año pasado e inicios del actual.
Ideal sería que salgan, marchen, se movilicen, griten y se vayan por donde vinieron. Pero si toman carreteras, atacan propiedad pública y privada, toman aeropuertos, agreden a las fuerzas del orden e impiden en desarrollo de actividades económicas, desde ese momento sí tendrían que estar en serios problemas ante la ley.
De otro lado, no se puede permitir que las acciones violentas afectan al resto de peruanos que sí quieren trabajar. Parte de la retracción económica del primer trimestre tiene que ver con las movilizaciones violentas promovidas por grupos radicales que buscan el caos para así imponer, como “salida”, una asamblea constituyente. No caigamos en ese juego nefasto para el país.
El Perú necesita trabajar, y para eso es necesario decir “no” a violentistas y a quienes los azuzan desde las comodidad de las redes sociales, buscando así un espacio en la política.
