GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3
GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3

En el Perú, estamos tan acostumbrados a la mediocridad en el sistema de justicia que nos quitamos el sombrero ante cualquier decisión que no viola burdamente la Constitución o el derecho internacional.

Pero no seamos mediocres nosotros también. Hay decisiones que no atropellan ley alguna y que no por ello dejan de reflejar un mal trabajo por parte de los operadores de la justicia.

En febrero, el Poder Judicial decidió que Adriano Pozo, un hombre que fue captado por cámaras mientras arrastraba salvajemente y desnudo a una mujer, era inocente. La decisión judicial se basó en peritos y medios probatorios y no hubo prevaricato (el juez no violó una ley). Sin embargo, no se necesita ser ninguna lumbrera para saber que ese hombre no debería estar libre. Y es que el Ministerio Público, incomprensiblemente, no denunció a Pozo por secuestro, lo cual hubiera sido abismalmente más fácil de probar. Por otro lado, la Fiscalía no sometió inmediatamente a peritaje elementos que habrían probado sin lugar a dudas la tentativa de violación. Además, el juez tiene la facultad de desvincularse de la acusación fiscal y resolver en base al delito “correcto”, lo cual no hizo.

La semana pasada, dos terroristas dejaron el penal para cumplir arresto domiciliario. Nuevamente, la decisión se tomó dentro de los parámetros legales. Sin embargo, si la Fiscalía hubiera hecho su trabajo eficiente y oportunamente en la investigación actual por los casos Tarata y Soras, quizá no hubieran pisado la calle.

Lo cierto es que nada de esto se hizo porque, en el Perú, da flojera hacer un poquito más del esfuerzo promedio. No es lo que hicieron. Es lo que pudieron hacer.