Existe una confusión sobre el cese de las procuradoras Príncipe y Ampuero. Ello debido a la falta de claridad con la que el Ejecutivo ha explicado lo que sucedía.

Los peruanos podemos hacer todo lo que nos plazca, salvo que esté prohibido por ley. Pero la administración pública, a fin de evitar el abuso de poder, únicamente puede hacer lo que la ley le manda. Esto significa que ni el Presidente puede hacer lo que quiera. Tiene que cumplir la ley.

En el caso “Lava Jato”, Suiza, Estados Unidos y Brasil firman con Odebrecht un acuerdo donde les cobran una multa grande pero los dejan seguir trabajando en sus distintos países.

El Perú ha sido el país más severo con Odebrecht, pues le ha prohibido contratar con el Estado, con lo cual automáticamente esta se encuentra en severos problemas económicos. El Ejecutivo expidió el Decreto de Urgencia 003-2017, que así lo señala y debe ser cumplido. Este dice que Odebrecht, cuando venda sus activos, deberá estar autorizada por el Ministerio de Justicia y depositar el producto de la venta en un fideicomiso para asegurar el pago de la reparación civil al Perú.

Olmos se estaba vendiendo y la procuradora Ampuero decidió, por sí y ante sí, desconocer este decreto, con rango de ley, e interponer una medida cautelar contra la venta de Olmos, porque a ella no le parece lo que dice la norma.

Así ella, por violar la ley, y la procuradora Príncipe, por apoyarla, tienen que irse a sus casas, pues ningún funcionario público puede hacer lo que quiere sino lo que le manda la ley.

Esto es lo que pasa, en sencillo.