Cuando las instituciones electorales y las misiones internacionales de observación coinciden en que el proceso se desarrolló con garantías suficientes y sin evidencias de manipulación sistemática, corresponde que el debate político ceda paso al respeto por la voluntad popular. En los últimos días, la narrativa de un supuesto fraude electoral ha ido perdiendo sustento frente a los hechos. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que no encontró indicios de manipulación intencionada en los comicios del 7 de junio y exhortó a los actores políticos a evitar declaraciones que puedan socavar la legitimidad del proceso. En la misma línea estuvo la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Perú no puede quedar atrapado indefinidamente en una disputa electoral. El país enfrenta desafíos urgentes que no admiten más dilaciones: la inseguridad ciudadana, la recuperación económica, la crisis de los servicios públicos y la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones. Prolongar el enfrentamiento político sin fundamentos suficientes solo incrementa la incertidumbre y posterga las soluciones que millones de peruanos esperan.

Por ello, resulta indispensable que las autoridades electorales concluyan cuanto antes el proceso con la proclamación oficial de los resultados, respetando siempre los plazos y procedimientos establecidos por la ley. Una vez agotadas las instancias legales, corresponderá iniciar la transición gubernamental para garantizar un cambio de mando ordenado y responsable.