La gran mayoría de congresistas (91 votos a favor) aprobó interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, algo que se puede interpretar como la antesala a su censura. Esta reacción del Congreso es lógica, ya que el país se encuentra actualmente en una situación crítica y la delincuencia ha llegado a niveles alarmantes, dejando a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad, sin ninguna respuesta eficaz del Gobierno.
La inseguridad ciudadana no es un problema que pueda ser ignorado o minimizado. El crimen organizado no solo crece sino que es considerado el tercer grupo de poder al margen de la ley con mayor influencia en la política, según una encuesta de Ipsos.
Los peruanos merecemos vivir en un entorno seguro y protegido, y es responsabilidad del Gobierno, con el Ministro del Interior en primera fila, proporcionar esta seguridad. Lamentablemente, hasta ahora, la gestión del ministro Romero no ha dedo los resultados esperados a pesar de su capacidades profesionales y personales.
Párrafo aparte merece la inestabilidad en este sector. No es posible que desde julio del 2021 se haya nombrado a diez ministros del Interior. En esas condiciones no hay planes ni estrategias que aguanten. El resultado es la improvisación para afrontar el reto mayúsculo de derrotar a la delincuencia.
La vida y la seguridad de la población no pueden seguir en riesgo debido a la falta de liderazgo y acción en el Ministerio del Interior. Ante la probable salida de Romero, su sucesor tiene la difícil misión de resolver esta crisis.
