El Congreso parece estar convencido de su posición como el primer poder del Estado, una postura que queda manifiesta en su dedicación a aprobar reformas constitucionales y normas legales de manera continua sin ningún debate con otros sectores. Un ejemplo reciente es la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de la desaparición de la Junta Nacional de Justicia, y la futura designación de los jefes de la ONPE y el Reniec por el Senado.
Sin embargo, no es tan diligente en casos de lucha contra la corrupción y la impunidad. La denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, por vacunarse secretamente en plena pandemia del COVID-19, está estancada 14 meses. Asimismo, el dictamen que impide la postulación a cargos de elección popular de personas condenadas por delitos graves como homicidio, secuestro y terrorismo también permanece congelado.
Ya es momento que el Congreso dé prioridad a asuntos que afectan directamente el día a día de los peruanos. Se acercan las elecciones generales y no podemos correr el riesgo de que individuos con antecedentes penales graves puedan aspirar a cargos de elección popular es una amenaza tangible. Permitir que asesinos o terroristas ocupen posiciones de poder no solo degrada la política, sino que también pone en peligro las libertades y el sistema democrático del país. La estabilidad y el futuro del Perú dependen de ello.
