El anuncio del Ejecutivo de solicitar al Congreso facultades legislativas por 120 días para impulsar reformas en el régimen laboral, el sistema penitenciario y la lucha contra la criminalidad, entre otros, abre un debate que trasciende la relación entre el Gobierno y el Parlamento. Lo que está en juego no es únicamente una herramienta constitucional, sino la capacidad del Estado para responder con oportunidad a problemas que desde hace años afectan a millones de peruanos.

La delegación de facultades legislativas no constituye un cheque en blanco. La Constitución prevé este mecanismo para que, en materias específicas y por un tiempo determinado, el Ejecutivo pueda actuar con mayor celeridad frente a desafíos que demandan respuestas inmediatas. Sin embargo, esa decisión debe ser cuidadosamente evaluada por el Congreso, que tiene la responsabilidad de analizar el alcance de las propuestas, establecer límites cuando corresponda y ejercer el control político sobre las normas que se emitan.

Llama la atención que algunos sectores de la oposición hayan adelantado su rechazo a la solicitud antes de que esta sea presentada formalmente y se conozca su contenido.

Por ello, el país necesita que este debate se desarrolle con responsabilidad y altura. La búsqueda de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo resulta indispensable si se pretende sacar adelante reformas de fondo. La confrontación permanente puede generar réditos políticos de corto plazo, pero difícilmente contribuirá a resolver los problemas del Perú.