Es preocupante que, a pesar de la constante presencia mediática y virtual del prófugo Vladimir Cerrón, la policía no haya logrado dar con su paradero. Cerrón, quien se manifiesta todos los días activamente a través de redes sociales, videos y, según trascendió, hasta lideró el Consejo Ejecutivo Nacional de Perú Libre vía remota, parece desenvolverse con sorprendente soltura en el escenario político nacional.
Lo más desconcertante es que, a pesar de burlarse de la justicia por más de dos meses, tras su condena en el caso ‘Aeródromo Wanka’, el exgobernador regional de Junín continúa ejerciendo una influencia notoria en su partido. Hace poco un programa de televisión informó sobre su directiva para que todos los trabajadores de Perú Libre en el Congreso se inscriban en dicha agrupación política y contribuyan con al menos el 5% de sus salarios. Este acto, que evoca la memoria de los cuestionados “mochasueldos”, plantea serias interrogantes sobre la integridad y transparencia en la política peruana. La frescura con la que Cerrón opera, a pesar de las acusaciones en su contra, arroja luz sobre su poder en el país.
La aparente impunidad con la que Cerrón continúa influyendo en la política, a pesar de su estatus legal, no solo cuestiona la eficacia del sistema policial y judicial, sino que también pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes que restauren la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia y el orden democrático.
