Antes de entrar en los grandes anuncios o las inevitables disputas políticas, conviene recordar que el próximo gobierno recibirá un país con problemas conocidos, muchos de ellos agravados tras cinco años de inacción.

La informalidad supera el 70% del empleo; la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas; persisten enormes brechas en agua y saneamiento, infraestructura educativa y servicios de salud; mientras que la minería ilegal continúa expandiéndose con preocupante rapidez.

En paralelo, el Perú sigue desaprovechando importantes oportunidades de crecimiento. Grandes proyectos mineros permanecen entrampados, y la ejecución de obras estratégicas en materia de irrigación y de logística para el comercio exterior avanza con lentitud.

A ello se suma la necesidad urgente de revisar un proceso de descentralización que, lejos de acercar servicios de calidad a la población, ha evidenciado serias deficiencias de gestión. Pese a este escenario, la economía continúa creciendo alrededor del 3%. Pero seamos claros: este desempeño responde, en buena medida, a inversiones realizadas años atrás, condiciones internacionales favorables y el dinamismo del sector privado.

El país tiene potencial para crecer por encima del 5%, generar más empleo formal y reducir la pobreza a mayor velocidad. Los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes. Será el momento de definir prioridades, recuperar la confianza y demostrar que existe voluntad para enfrentar problemas que el Perú arrastra desde hace demasiado tiempo. Administrar la coyuntura ya no será suficiente. Lo que el país necesita es comenzar, por fin, a resolver sus problemas estructurales.