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Terminó el proceso electoral y debemos establecer una revisión de este para mejorar nuestro sistema democrático. Queda establecido que la ley de partidos políticos es realmente restrictiva y no mide la representatividad de las agrupaciones políticas en su real dimensión, ya que se basa, en parte importante, en la presentación de un número de firmas muy difíciles de conseguir por la cantidad y por el procedimiento, debido a que un ciudadano solo puede firmar por una organización y no contempla ningún otro tipo de alternativa que la reemplace, como por ejemplo el haber alcanzado una representatividad en alcaldías distritales, provinciales o gobernaciones, que significan mucho más que las solas firmas.

La ley de partidos políticos aprobada para 2018 y 2021 es más restrictiva aún, al aumentar el número de firmas y consolidar a organizaciones “cascarón”, permitiendo que continúen vigentes a pesar de haberse retirado luego de presentar candidaturas, demostrando poca seriedad y solo un propósito de sobrevivencia. Está claro que no es el camino para mejorar nuestro sistema político ni la vía para la renovación de partidos.

La inoportuna ley ha generado además una serie de problemas a los órganos electorales en su aplicación. Es imprescindible su modificación para los futuros procesos. Es tarea del nuevo Congreso resolver este problema con una nueva ley y no seguir con la política de “parches”; además, se deben recoger recomendaciones de instituciones como Transparencia, la ONPE y otras para su formulación. Lo dejo allí.