El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debería explicar muy bien las razones por las cuales el procurador Jorge Ramírez intercedió ante el Ministerio de Energía y Minas para que el entonces titular de ese sector, Juan Carlos Liu, se reúna con funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht, mientras está vigente el caso Lava Jato.

Estos hechos se conocieron el domingo último a través de una entrevista dada a Correo por el propio Liu, días antes de verse obligado a renunciar tras conocerse que había dado consultorías a la mencionada constructora, mientras era asesor del Ministerio de Energía y Minas. De este encuentro y del papel jugado por el procurador, estaba al tanto el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Un procurador como Ramírez, es un abogado del Estado. Recibe un sueldo por defender los intereses del país ante cualquier acción delictiva que pueda cometerse en su contra. Es por esto que resulta por lo menos extraño, que dicho funcionario público haya estado haciendo gestiones para que una empresa que ha admitido graves, obtenga una cita con un ministro.

En un tema tan delicado como el caso Lava Jato, en que están metidas empresas corruptas y corruptoras como Odebrecht y otras, no puede haber dudas sobre la labor de los funcionarios del ámbito judicial y de la defensa de los intereses del Estado. Es por eso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe al país, de manera urgente, una explicación.

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