Después de más de 5 años, el famoso apellido Odebrecht que se ha convertido en sinónimo de corrupción en la región latinoamericana, volvió, y no para traer buenas noticias, más bien todo lo contrario para los que esperan justicia. Aún así, puede resultar interesante para los implicados en el escándalo.
El Ministerio Público de Brasil envió un comunicado al Ministerio Público peruano, indicando que se suspendía la colaboración en el marco de las investigaciones que, por el caso Lava Jato, involucraba a los expresidentes del Perú con los altos ejecutivos de la compañía brasileña y su filial en el Perú.
Esto en vísperas de que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata brindaran sus declaraciones en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala, alegando que se había producido una violación por parte del equipo especial Lava Jato, del acuerdo firmado entre ambas fiscalías sobre la prohibición de emplear pruebas producidas en Brasil contra la empresa –que ahora se llama Novonor–, en el mismo Brasil.
El fiscal Rafael Vela ha salido a desmentir que dicha infracción se haya producido, y tras la comunicación de la suspensión su equipo tendrá que responder oficialmente sobre la acusación de infracción para ver si se logra levantar.
La gran pregunta es si los cambios políticos en el coloso del continente podrán incidir en el comportamiento del Ministerio Público brasileño sin Jair Bolsonaro en la presidencia del país, que le debió su victoria electoral de 2018 al escándalo de Lava Jato, que desgastó la imagen del Partido de los Trabajadores llevando a la cárcel a Lula, razón por la que no pudo postular. De allí que el fin de Lava Jato beneficie a gran cantidad de líderes latinoamericanos que fueron salpicados y que preferirían que ese amargo capítulo quede sepultado.
