Desde el asesinato del ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco, el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Congreso y Contraloría se han puesto de pie para anunciar que adoptarán medidas a fin de desenmascarar a la denunciada mafia que opera en esa zona del país, y que parece haber tenido secuestradas a las instituciones que por años han respondido a los intereses del partido que gobierna dicha jurisdicción.

Sin embargo, es de esperarse que esta vez se vean resultados concretos y no estemos nuevamente ante una efímera reacción motivada por la indignación que ha generado este crimen y el descubrir todo lo que ha venido pasando a pocos kilómetros de la capital del país, ahí donde gobierna un personaje que, como ha sido testigo el país, se burlaba públicamente del primer atentado sufrido por Nolasco, quien vio morir a su hijo político.

En Áncash hay desde hace mucho graves denuncias por corrupción y asesinato y poco o nada se ha hecho, pues en los últimos años se han dado "movidas" promovidas por algunos congresistas aliados de Álvarez, y también extraños cambios de magistrados dispuestos desde la Fiscalía de la Nación, de donde debe salir una explicación muy detallada sobre su accionar.

El país está indignado y ojalá esta vez no suceda lo de antes, en que nada se hizo y se dejó que los delitos continúen. Los peruanos debemos de estar muy vigilantes de lo que en adelante se hará en Áncash, donde se debe hacer oídos sordos de lo que dicen los investigados, en el sentido de que los tienen en la mira por su gran "popularidad" y ante la proximidad de las elecciones. Acá estamos hablando de delitos muy graves que no pueden ser pasados, una vez más, por agua tibia.