En las horas previas a la Navidad, hubo un intento
de invasión en una zona deshabitada de propiedad
estatal que sirve de amortiguamiento al complejo
arqueológico que incluye a las ruinas de Pachacámac, al
sur de Lima, el cual fue evitado de inmediato por la Policía
Nacional, que con ayuda de un helicóptero, carros
blindados y caballos, impidió que casi cinco mil personas
ocupen un terreno que no es suyo.
Resulta muy positivo que las autoridades judiciales y
policiales hayan reaccionado de inmediato para evitar
que gente azuzada por traficantes de tierras, ocupe
áreas no sólo protegidas, sino también que no les pertenecen,
ya sea porque son de particulares o del Estado.
De haber sido tomadas esas tierras, los
usurpadores quizá nunca hubieran salido.
El Estado no puede ser sorprendido por traficantes que ofrecen
y cobran dinero a incautos por algo que no es suyo. Por
eso es gratificante ver que las autoridades reaccionaron
enérgicamente y sin pérdida de tiempo ante un intento de
usurpación de un terreno ubicado al sur de Lima. Es una
muestra de que en el Perú se respeta la legalidad y la propiedad
privada.
En el Perú existen miles de familias que no cuentan con
el título de propiedad de la casa que han construido,
debido a que el lote sobre el que se levanta su vivienda
está en un terreno que no les pertenece. Y es que la
consecuencia de una invasión es que el usurpador
quizá nunca pueda acceder a un préstamo para mejorar
su casa debido a que jamás contará con el ansiado certificado
de titularidad.
En los meses previos a las elecciones, es frecuente que
gente inescrupulosa promueva invasiones de terrenos
de propiedad del Estado, para luego buscar el apoyo de
congresistas que aspiran a la reelección, quienes por
ganar unos cuantos votos, comienzan a "gestionar" la
formalización de los invasores, que son personas que
por más derecho que tengan a una vivienda, no pueden
tomar a la fuerza lo que no es de ellos.
La gente más modesta y que no cuenta con una casa,
debe de estar muy atenta para no ser sorprendida por
los traficantes de terrenos, quienes cobran dinero a los
incautos con la falsa promesa de que con ese pago podrán
acceder a un lote en algún terreno de propiedad
pública. Eso es mentira, pues el Estado, como lo ha demostrado
en Pachacámac, también tiene derecho a defender
lo que es suyo.
La Policía debería estar muy atenta y seguir los pasos
de los traficantes de terrenos especialmente en los
meses que se vienen, previos a las elecciones. No
puede estar en libertad gente que trafica con la esperanza
de gente muy pobre que por ignorancia, entrega
el poco dinero que tiene a delincuentes a cambio de un
lote que en realidad nunca será suyo.
