Omonte: ¿ética o vendetta?

Mientras saltan atolondradas las amiguísimas feministas para salvar a Nadine Heredia aduciendo una persecución de género, en paralelo los nacionalistas preparan la hoguera para la exministra Carmen Omonte, con la ilusa complicidad de cierta oposición y la escasa lealtad de su propio partido, urgido del blindaje oficialista que necesita ese techo de vidrio tan endeble llamado Ecoteva.

Y todo porque ella cometió el pecado capital de desafiar el poder paralelo de Heredia. Lo acaba de hacer pidiendo que esta destape su secreto bancario y abra sus cuentas. Pero antes ya había golpeado Omonte al destapar lo que tiene visos de dudosos manejos de Ana Jara -otra amiguísima y operadora política de Heredia- en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ministerio privilegiadamente posicionado para suministrar el populismo indispensable para consolidar la imagen política de la esposa del Presidente. Y dentro del cual la desaparición de los pañales fantasma puede ser apenas la punta de un iceberg de otros malos manejos aún por descubrir.

Chocar con Jara fue chocar con Nadine y fue razón suficiente para que se le monte el teatro de una denuncia “ética” por una acción que recae, al fin de cuentas, en el ámbito privado de Omonte, donde no hay involucrado ni un sol de recursos públicos ni abuso de autoridad por el cargo que ocupaba. No tiene ninguna queja por ejercicio de acciones como funcionaria pública.

Pretender que sea infracción ética que una ministra de un portafolio que defiende a las mujeres pueda cometer un error en el tratamiento laboral de una colaboradora de su hogar -reconocido y subsanado públicamente- es como exigir que el ministro de Defensa sea experto en combate aéreo o que el ministro de Economía deba ser multimillonario. No hay lógica que lo sostenga.

Porque siguiendo la “lógica” de sus acusadores, podríamos exigir que todos los congresistas informen sobre la formalización de sus trabajadoras del hogar de los últimos años, cuánto les pagan y bajo qué condiciones laborales. Y ya que estamos así, les pido, como ciudadano, que además expongan públicamente cuál es el tratamiento laboral que le dan a los trabajadores de sus empresas, estudios de abogados, notarías, consultoras o universidades, incluyendo montos salariales y beneficios. ¿Alguien se anima por la primera piedra?

Cuando se extrema la letra chica de lo legal para habilitar venganzas, deja de ser ley democrática para convertirse en abuso propio de la peor dictadura.